Un escenario de tensión envuelve la continuidad del tradicional Balneario Atlántico, ubicado en la Calle 18 y playa en San Clemente del Tuyú. El parador costero afronta un conflicto administrativo y judicial con la Municipalidad del Partido de La Costa que pone en riesgo su permanencia tras más de tres décadas de actividad.
En diálogo con TeleNoticias 5, Lucas Cosentino, actual gerente del establecimiento, detalló que la concesión original del lugar venció en el año 2010 y que, desde entonces, no se ha efectivizado una renovación. El referente remarcó que el comercio siempre cumplió con el pago regular de las tasas e impuestos municipales, aunque arrastra una deuda acumulada de 8 millones de pesos producto de diversas multas aplicadas en el último período.
Cosentino hizo hincapié en el impacto social y comercial del parador ante la cercanía del verano: destacó que se trata del único balneario de la zona que cuenta con servicios e infraestructura adaptada para personas con discapacidad, y señaló que ya registran numerosos clientes con reservas tomadas para la temporada estival. Frente a este panorama, planteó la solicitud de que se les permita trabajar durante los meses de verano y que cualquier medida de desalojo se postergue para el mes de marzo.
Las posturas y el trasfondo del expediente
La situación cobró fuerte trascendencia pública tras denuncias en redes sociales por parte de los responsables del parador. El reclamo sumó visibilidad luego de que el actor español Julen Katzy —conocido por su participación en la serie Valle Salvaje y quien trabajó en el lugar la última temporada— compartiera un video acusando presiones municipales y visibilizando el riesgo sobre los más de 30 puestos de trabajo que genera el emprendimiento.
Por su parte, según trascendió desde fuentes vinculadas al expediente judicial y administrativo de la Municipalidad, y según FM La Marea, las medidas responden a un plan de reordenamiento del espacio público costero. Los informes técnicos detallan que las actuaciones y multas aplicadas al balneario estarían relacionadas con presuntas infracciones por trabajos y movimientos de suelo no autorizados sobre la zona de médanos, deficiencias eléctricas y la realización de fiestas bailables sin permisos previos. Desde el ámbito municipal sostienen que el trasfondo central radica en la recuperación de un sector de playa considerado espacio público al haber cumplido los plazos legales de la concesión histórica.
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