El Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) junto a concejales del Frente para la Victoria (FPV) y Unidad Ciudadana (UC), se reunieron para rechazar el aumento retroactivo del gas, que había propuesto el gobierno nacional para «compensar» en 24 cuotas a las prestatarias debido a la devaluación, antes de que se diera marcha atrás con la medida. Carlos Rajoy, presidente del Consejo de Abogados de La Costa, informó que elaboraron en conjunto una nota para poner a disposición de la comunidad el reclamo de esta disposición.
El Dr. calificó la disposición de abusiva, ilegal y arbitraria, y por ello en la nota se solicitaba la refacturación. Además, por la medida cautelar otorgada por el Juzgado Federal de Dolores, no se puede cortar el servicio por falta de pago, y ello también se expone en el reclamo que redactaron antes de que el gobierno nacional diera marcha atrás con la medida.
En tanto Miguel Rajoy, Secretario General del STM, dijo que el ejecutivo local se dio la aprobación para tratar esta problemática porque parte de la sociedad es empleada municipal, y al igual que otros sectores, se ve perjudicada por estas medidas. «Esto también le sirve al docente, al policía, al gastronómico, y a la ciudadanía en general», destacó.
Juan Manuel Molina, concejal del FPV, dijo que desde el inicio del gobierno de Mauricio Macri se llevan a cabo medidas de ajuste que tienen que ver con la transferencia de recursos de los sectores más pobres a los más ricos: «nos obligan a los usuarios no a pagar un servicio de consumo, sino una desfinanciación de las empresas, propia del mismo gobierno que devaluó». «Esto, además de generar pérdida del poder adquisitivo, nos hace cargo de lo que dejaron de ganar las compañías, que nunca pierden plata», agregó.
Marcelo Pavka, también concejal del FPV, informó que actualmente el ala mayoritaria de Cambiemos dentro del Concejo Deliberante, liderada por Germán Jardón, y que ingresó con la lista de Marcos García, están planteando un distanciamiento producto de que se han decepcionado. «Si ellos como dirigentes políticos están decepcionados, ¿qué pasará con la gente», se preguntó Pavka, y agregó que seguramente acompañarían este reclamo. «Entre abril y septiembre las empresas perdieron producto de la devaluación $10.000 millones, y en vez de asumirlo como un costo empresarial, como sucede en una economía de mercado libre como plantea el gobierno, quieren trasladarlo a los consumidores para pagarlo en 24 horas, y con intereses que impone el banco», explicó Pavka.
Antonela Espinola, concejal de Unidad Ciudadana, recordó que en el 2015, cuando desde diversos sectores se alertaba sobre que podrían haber medidas de esta índole, desde Cambiemos respondían que se trataba de una «campaña del miedo». «Nosotros anticipábamos todas estas cosas que iban a venir: devaluación, tarifazos, la inflación y tantas otras cosas más de lo que iba a hacer este gobierno», además agregó que los bolsillos se resienten en los supermercados, en los servicios, en las paritarias, y que como ciudadanos se hace imposible seguir sosteniendo este modelo económico. «Si nos ponemos a pensar, las políticas son un plan sistemático donde se establece una desviación de recursos y un vaciamiento del Estado, como lo vemos en salud, jubilaciones y educación», agregó Espinola.
«Nos ponemos a disposición de los vecinos, de acompañarlos, y de llevar esto a buen puerto», sentenció Espinola.
Canal 5 San Clemente