El expediente 283/18 -de 30 páginas- fue enviado a la Cámara Alta esta semana por el Poder Ejecutivo y girado a las comisiones de Asuntos Constitucionales, que conduce el senador del PJ Dalmacio Mera, y de Derechos y Garantías, que preside la senadora de Cambiemos, Inés Brizuela.
Estos senadores pugnaban para que la iniciativa comenzara a debatirse la semana que viene, pero voceros parlamentarios confiaron a Telam que seguramente la discusión quedará para principios de octubre.
La propuesta, de autoría de la Agencia de Acceso a la Información Pública que depende de la Jefatura de Gabinete, busca derogar la ley 25.326. Ésta regula los principios en esa materia y el procedimiento de la acción de habeas data, que quedó «desactualizada», afirma el texto, como consecuencia de los «avances tecnológicos».
Además de imponer mayores controles en el manejo de datos personales, la iniciativa establece multas y sanciones. Entre ellas, «suspender o cerrar de manera temporal operaciones relacionadas con el tratamiento de datos personales y requerir al juez competente que ordene el retiro, bloqueo o suspensión de manera temporal o definitiva del acceso a determinados datos personales».
También crea la figura del delegado de Protección de Datos Personales y la apertura del Registro Nacional «No Llame», añade la normativa que comenzará a ser analizada por los senadores.
La propuesta busca «dotar a la Argentina de un legislación más moderna que respete los derechos y garantías establecidos en la Constitución nacional» y que, al mismo tiempo, «se adapte a las nuevas tecnologías y a los cambios regulatorios ocurridos en el derecho comparado en los últimos años», sostiene el texto oficial.