Cientos de personas participarán este martes de un “desayuno masivo” en el Obelisco coordinado por unas 50 organizaciones sociales, políticas y sindicales junto a legisladores porteños para “visibilizar y repudiar la mirada estigmatizante del gobierno porteño sobre las personas en situación de calle”.
Bajo el lema “Basta de represión a las personas en situación de calle”, a las 9 comenzará el “desayuno masivo” para las personas sin techo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Hacia las 10 horas, se realizará una conferencia de prensa donde se plasmará el eje principal de los reclamos: la ilegalidad del protocolo de salud mental y los operativos de “higiene y limpieza” del Gobierno de la Ciudad.
Entre las organizaciones convocantes se encuentran Proyecto 7, el Cels, Correpi, Escuela Isauro Arancibia, Hecho en Buenos Aires, APDH Capital e HIJOS Capital.
Entre las asociaciones gremiales se cuentan Sipreba, CTA Autónoma CABA, Junta Interna ATE Indec, UTEP y AGTSYP (Metrodelegados).
También invitan la diputada nacional Paula Penaca y una veintena de legisladores porteños, entre ellos Victoria Montenegro, Martín Lammens, Graciana Peñafort, Juan Manuel Valdés, Alejandrina Barry, Celeste Fierro y Gabriel Solano.
“En las últimas semanas se pudo ver la saña y el recrudecimiento del accionar que está teniendo el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el jefe de Gobierno, Jorge Macri, quien a través de sus redes sociales mostró que la política de espacio público que lleva adelante: traslados de las personas y retiro de sus pertenencias, limpiando la zona como si se tratara de mobiliario o basura”, dijeron en un comunicado.
“Con la misma lógica desde el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat armaron un protocolo de intervención de salud mental, sin ser el organismo correspondiente, que además no respeta las legislaciones vigentes en la materia, con el único fin de estigmatizar y encerrar de manera compulsiva en hospitales neuropsiquiátricos a la población en situación de calle”, agregaron.
En esa misma línea repudiaron los dichos del secretario de Seguridad y jefe de la Policía Metropolitana, Diego Kravetz, quien declaró que “están cómodos viviendo en las ranchadas con sus amigos” y que el 50% de esta población tienen antecedentes penales.
Además, solicitaron “Aplicación de las leyes 3.706 y 27.654”, con un “presupuesto, adecuado al número real de personas que componen esta población”, históricamente subestimado.