La Fiscalía española dictaminó que sea repatriada, sin entrar en el fondo de la cuestión. Díaz Guillén, que se fue de su país en 2013, poco después de la muerte de Chávez, trató de convencer a los jueces de la Audiencia Nacional de España que deben decidir sobre su entrega a las autoridades venezolanas, que la reclaman por supuestos delitos de blanqueo de capitales.
Su abogado, Ismael Oliver, adujo que hay «fundadas sospechas de persecución política» y «serias dudas» sobre la validez de la reclamación para que la enfermera sea extraditada a Venezuela.
En este sentido, sostuvo que la orden de detención que llevó al arresto de la enfermera en España fue anulada meses después por una instancia judicial superior, sin que Venezuela lo comunicara.
En base a eso, afirmó que que las autoridades venezolanas han tratado de engañar a la Justicia española, con quiebra del principio de confianza mutua entre Estados, informó la agencia española de noticias Efe.
El abogado defensor arguyó que la causa abierta contra su defendida se basa en una investigación del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), «un órgano que está sancionado y cuestionado -aseguró- por todos los organismos internacionales de Derechos Humanos».
El presidente del tribunal que estudia el caso, Alfonso Guevara, advirtió al defensor que, en ningún caso, pueden los magistrados entrar en el fondo del reclamo y apuntó que el Consejo de Ministros español autorizó su tramitación.
La Fiscalía cree, por su parte, que se dan los requisitos necesarios para aceptar la extradición, sobre la que la Audiencia resolverá en los próximos días.
Díaz Guillén fue detenida en Madrid el pasado mes de abril junto a su marido, Adrián José Velásquez, que ejerció de jefe de seguridad de Chávez, y que también está reclamado por Venezuela por los mismos delitos, aunque su extradición se tramita en un procedimiento aparte.
Además de enfermera de Chávez, Díaz Guillén fue durante dos años tesorera del gobierno venezolano como responsable del Fondo Nacional para el Desarrollo Nacional (FONDEN), de donde fue destituida al mes de que muriera el presidente.
Díaz Guillén y su esposo están señalados en la investigación de los papeles de Panamá por supuestamente haber recibido ayuda del bufete Mossack Fonseca para «blindar» una fortuna no declarada, según informó el fiscal general de Venezuela, Tarek Saab, en Twitter el 10 de abril pasado.
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