«Treparon las rejas, invadieron todas las oficinas, a los empleados los intimidaron, hubo algunos daños», señaló el funcionario. Lacunza subrayó que la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal garantizó que no cerrará el Astillero ni despedirá a trabajadores, pero advirtió que quiere es «que se terminen ciertos privilegios» remarcando que la fábrica «hace diez años que no hacen ningún barco».
De acuerdo con fuentes oficiales, el ingreso de unas 700 personas a dependencias de ese ministerio se produjo «por la fuerza y amenazando a los empleados».
Los gremios que tomaron la sede de Hacienda provincial denunciaron ayer que la empresa no estaba proveyendo los insumos necesarios para el funcionamiento de la compañía y que se estaban violando parte de los convenios colectivos de Trabajo.
Fuentes del gobierno bonaerense, en tanto, indicaron a Télam que la situación con los gremios se tensó luego de que una auditoría detectara diversas irregularidades, como desvíos de fondos hacia el gremio ATE seccional Ensenada, y manejos poco claros de los fondos del comedor que maneja el sindicato.
Esta auditoría derivó luego en una denuncia penal, que a su vez llevó a que se realizaran diversos allanamientos.
Las fuentes consultadas también indicaron que los gremios definieron la toma a pesar de que tenían una reunión confirmada ayer a las cuatro de la tarde con dos miembros del gabinete provincial.